miércoles, 1 de agosto de 2012

IINCOHERENCIA, TRAICIÓN O LA VERDAD POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA: a propósito de los activistas de izquierda acusados de terrorismo

Natalia Sierra
Siguiendo la política de persecución a dirigentes sociales y a militantes de izquierda, hace pocos días el Poder Judicial ecuatoriano, en la figura del Juez Décimo de Garantías Penales, resolvió llevar a juicio a los 10 activistas sociales que fueron detenidos el pasado 3 de marzo en el barrio Luluncoto de Quito. Increíblemente, el gobierno de la Revolución Ciudadana, auto declarado de izquierda, les acusa de conspirar en contra de la seguridad del Estado y de terrorismo organizado. 
Las pruebas usadas por el Estado como argumento de semejante acusación, según han dicho los funcionarios judiciales, son algunos textos políticos, discos de música protesta, un pañuelo rojo, fotos de Ernesto Guevara, una pistola en desuso y la reunión política que estos activistas llevaban a cabo el día de su detención. Este escenario resulta muy similar a aquellos vividos en las épocas de las dictaduras militares o de los gobiernos de corte fascista en América Latina. En el país, estos escenarios de persecución y cárcel fueron muy comunes con las dictaduras militares y, más aún, en el gobierno socialcristiano de Febres Cordero. Sin intención alguna de querer justificar a estos gobiernos, su política represiva, que muchas ocasiones se volvía terrorismo,se entendía, era coherente con los intereses de los grandes grupos de poder económicos que dichos gobiernos defendía a través del Estado.

Sin embargo, de un Gobierno autoproclamado de izquierda, que llegó al Estado gracias a la movilización social de los sectores populares, que se presenta a nivel internacional como impulsador de un proyecto antimperialista, no se entiende. No se entiende que lleve a juicio a activistas de izquierda, no se entiende que use pruebas que son, primero absurdas y segundo y más grave, signos de la lucha revolucionaria. De un gobierno que tienen entre sus funcionarios ex guerrilleros que fueron perseguidos, enjuiciados, encarcelados, torturados, es menos aún comprensible.

Cómo se entiende que un gobierno supuestamente antimperialista, que en su discurso hace fuertes críticas al poder del Estado norteamericano y que incluso está pensando en dar asilo a Julian Assange, cosa que por cierto es muy rescatable, en su política interna asuma el discurso y la legislación imperialista de la lucha contra el terrorismo y lo use contra militantes de izquierda. ¿Acaso no saben que es el discurso y la legislación antiterrorista lo que le ha permitido al imperio norteamericano perseguir, encarcelar y asesinar a miles de personas por todo el planeta con la acusación de ser terroristas o ayudar al terrorismo? ¿Acaso no están enterados que la derecha mundial, orquestada por el poder norteamericano, acusa a Julian Assange de terrorismo organizado y de atentar contra la seguridad del Estado? ¿Acaso desconocen que los norteamericanos acusan al gobierno Iraní, con el cual están estrechando relaciones, de apoyar al terrorismo internacional?

Este hecho incomprensible genera una pregunta fundamental.

¿El gobierno de la Revolución Ciudadana es incoherente con sus propios postulados de izquierda?, ¿ha traicionado sus principios revolucionarios? o ¿muestra su verdad política?

Obviamente que, existe una incoherencia total entre el discurso político de la Revolución Ciudadana y su política represiva contra toda movilización social de izquierda. Resulta incongruente que, en muchos de los actos públicos que lleva acabo el gobierno, se haga referencia a la revolución, al Che Guevara, se canten canciones protestas, se recupere los procesos de liberación nacional en América Latina mientras se persigue, se encarcela y se enjuicia a dirigentes sociales y a activistas de izquierda por querer la revolución, por tener como símbolo de la lucha a Guevara, por escuchar música protesta, por leer textos de lucha política. Es incoherente que el gobierno recupere la imagen de Ernesto Guevara para sus arengas políticas y al mismo tiempo la use como prueba de actividades terroristas.

No puede estar más claro que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha traicionado los principios de la revolución social con los cuales llegó al poder del Estado. De otra manera, no se entiende como puede poner en ejecución una legislación totalmente anti-revolucionaria, como puede enjuiciar por terrorismo a dirigentes sociales y a activistas de izquierda, cuando lo coherente sería que gobierne atendiendo las exigencias de la transformación social que ellos demandan y defienden.

Lo más importante es que con su incoherencia y su traición, el Gobierno muestra su verdad política. Nunca fue y obviamente no es un gobierno revolucionario. Entonces, cuando persigue, enjuicia y encarcela a dirigentes sociales y a activistas de izquierda lo hace porque es un Gobierno que, como las dictaduras militares y los gobiernos de derecha, trabaja para intereses contrarios a los intereses del pueblo. Usan el Estado como aparato para garantizar que el orden existente siga reproduciéndose sin interferencias, por eso aplican legislaciones que reprimen todo intento de cuestionar el sistema dominante y de luchar por un mundo diferente, un mundo más justo y más equitativo, un mundo donde sea posible recuperar la esperanza de la vida humana en el planeta.

Sería conveniente que los ex guerrilleros, que ahora son funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, mediten sobre los 10 activistas que hoy son enjuiciados por terrorismo, no les haría mal hacer memoria, quizá puedan darse cuenta de la incoherencia ética y política en la que están participando y a la cual defienden.
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